Esta guía pretende presentar una serie de indicadores que permitan dar seguimiento a la implementación de políticas públicas a nivel municipal, y que posibiliten avanzar en la concreción e implementación del Derecho a la Ciudad. Entendemos como Derecho a la Ciudad el “derecho de todos los habitantes, presentes y futuros, permanentes y temporales, a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna, que debe compartirse y pertenecer a todos los miembros de la comunidad”.
Con sus orígenes en los escritos de Henri Lefebvre, el concepto del derecho a la ciudad viene tomando fuerza en las últimas décadas, impulsado por una fuerte articulación de movimientos sociales y organizaciones de base que vienen adoptando el Derecho a la Ciudad como un nuevo paradigma hacia la construcción de ciudades y asentamientos más justos, diversos e inclusivos. Tras el trabajo y lucha de tales movimientos, el Derecho a la Ciudad viene siendo progresivamente reconocido por legislaciones a nivel local y nacional, como es el caso de la Constitución del Ecuador (2008), el Estatuto de las Ciudades de Brasil (2001) y la Constitución Política de la Ciudad de México (2012), y también a nivel internacional, habiendo sido incluido en el texto final de la Nueva Agenda Urbana, tras la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III (2016).
A medida que el Derecho a la Ciudad gana reconocimiento y protección legal, cada vez son más las ciudades y gobiernos locales que han adoptado políticas guiadas por y comprometi- das con los ideales del Derecho a la Ciudad. En particular, el impulso al movimiento municipa- lista global en los últimos quince años ha permitido avanzar en la implementación de políticas nuevas y valientes, comprometidas con un modelo de ciudad que prioriza los derechos y el bienestar de sus habitantes ante las ganancias privadas y la especulación. Sin embargo, mien- tras que han proliferado los esfuerzos para avanzar en la conceptualización teórica y normativa acerca del Derecho a la Ciudad, aún queda por avanzar en la construcción de un repertorio común de políticas e iniciativas que permitan avanzar en su implementación.
Esta guía busca aportar a la construcción de tal repertorio, recogiendo una serie de políticas públicas alineadas con los principios del Derecho a la Ciudad y ofreciendo algunos elementos para su seguimiento, para ser aplicada en la ciudad de elección. De esta manera, esta guía no tiene como prioridad ofrecer una “foto estática” del estado actual de una ciudad, sino identifi- car dónde y cómo se están construyendo las bases para su transformación. De esta manera, esta guía busca proveer los elementos para una evaluación, no del estado de la cuestión en una ciudad, sino sobre el andamiento de la implementación de políticas transformadoras com- prometidas con el Derecho a la Ciudad.
En ese sentido, el objetivo principal de este ejercicio no es medir los efectos o resultados de la implementación de tales políticas para poder medir su “eficacia”, sino poder aportar cono- cimientos acerca de la implementación de políticas valientes, progresistas e innovadoras. De manera similar, no se pretende aportar una matriz comparativa que permita tener un “ranking” de ciudades, bajo una visión competitiva y simplista; sino aportar al diálogo e intercambio entre ciudades para identificar puntos de encuentro que permitan avanzar en respuestas a retos comunes, respetando la diversidad y complejidad de los contextos locales.
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