Antecedentes
El jueves 28 de abril de 2022, el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó una Reunión de Alto Nivel (RAN) de un día de duración para evaluar el progreso de la implementación de la Nueva Agenda Urbana (NAU) en la sede de la ONU en Nueva York. El debate se centró en las reacciones y el posicionamiento de los Estados miembros ante el Informe del Secretario General de la ONU sobre los 5 años de implementación de la NUA.
La Coalición Internacional del Hábitat (HIC, por sus siglas en inglés), la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (PGDC) y sus miembros, en colaboración con Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), se han implicado activamente en este proceso, pidiendo un mayor compromiso por parte de los Estados miembros y de las principales agencias de la ONU para acelerar la implementación de la Nueva Agenda Urbana a través del Derecho a la Ciudad, como motor para promover la justicia social, territorial y medioambiental, a través de políticas progresistas y el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos. Este documento presenta la reacción general de HIC y de la PGDC a la RAN y al proceso que la rodea.
Los primeros cinco años de implementación de la NAU han estado marcados en gran medida por señales contradictorias. Por un lado, un débil compromiso general de los gobiernos nacionales en cuanto al seguimiento y la implementación. Por otro lado, la pandemia del COVID-19 ha introducido una renovada relevancia de los compromisos de la NAU en torno a los principios del derecho a la ciudad, sobre todo en relación con el derecho a una vivienda adecuada y a la prestación de servicios básicos, destacando también la importancia de los bienes públicos y comunes y de las instituciones que los protegen. Este panorama quedó claramente reflejado en el informe del SG sobre la implementación de la NAU, que señalaba el derecho a una vivienda adecuada, el acceso a los servicios básicos, a la educación, a la salud y a unos medios de vida dignos como cinco ejes clave para la implementación de la NAU, así como el papel cada vez más destacado que han asumido los gobiernos locales y regionales (GLR) para defender dichos compromisos.
Sin embargo, a pesar de este protagonismo y reconocimiento, los GLR, así como las organizaciones de la sociedad civil, han tenido un papel limitado tanto durante la RAN como en el proceso preparatorio que la precedió. Esta omisión es la confirmación de un proceso general de implementación y seguimiento marcado por la falta de transparencia y participación, sin mecanismos claros y sólidos para la participación de una variedad y diversidad de actores. Los llamados a la participación de la sociedad civil en el proceso preparatorio y en la propia RAN fueron muy limitados y apresurados, con sólo dos breves espacios para las
declaraciones oficiales de la sociedad civil durante la reunión, agravados además por la dificultad general para acceder físicamente a la sede de Naciones Unidas.
Elementos a destacar de la RAN
A pesar de este contexto, la Reunión de Alto Nivel introdujo algunos puntos positivos respecto al futuro de la implementación de la NAU. En primer lugar, incluso en un escenario de falta de compromiso y visibilidad de la NAU frente a otras agendas globales, la presencia e involucramiento de los Estados durante la reunión puso de manifiesto la renovada relevancia que ha adquirido el desarrollo urbano sostenible en los últimos dos años. Así lo indicó la presencia de más de 20 ministros de vivienda y desarrollo urbano de una serie de países, así como los más de 90 países que se apuntaron a hacer declaraciones formales. Esta importante presencia ministerial también ha hecho que el derecho a la vivienda se destaque como un tema clave a lo largo de la
reunión, señalando de nuevo la renovada relevancia que ha cobrado a través de la pandemia del COVID-19.
Además, el involucramiento de diferentes estructuras y agencias de la ONU, más allá de ONU-Hábitat, es una muestra del esfuerzo que se está realizando para construir una muy necesaria articulación de todo el sistema ONU en torno a la dimensión urbana y del hábitat y su impacto transversal en las diferentes áreas de acción a nivel internacional. En este sentido, cabe destacar la sesión preparatoria celebrada por el ECOSOC el 21 de abril, así como las observaciones realizadas por el presidente del ECOSOC durante la RAN, en las que se destacó una vez más la importancia de articular el desarrollo urbano con las estrategias climáticas y la protección del derecho a una vivienda adecuada, en particular en lo que respecta a la necesidad de poner
fin a los desahucios, así como el papel clave de la economía popular en las ciudades y los territorios y la necesidad de avanzar en colaboraciones multinivel involucrando una diversidad de actores.
Por último, también es importante destacar las intervenciones de los GLR. A pesar de la escasa participación frente al espacio concedido a los representantes estatales (sólo cuatro turnos de palabra en toda la jornada), las observaciones de los representantes de los GLR fueron un testimonio de su compromiso con la aplicación de la NAU, en particular a través del derecho a la ciudad y garantizando la función social del suelo, la vivienda y la ciudad, así como el protagonismo de las comunidades locales bajo un enfoque feminista del urbanismo y la política.
Sin embargo, a pesar de estos avances positivos, en el transcurso de la RAN se hicieron más evidentes los retrocesos y las limitaciones ya identificadas en la implementación de la NAU. Por ejemplo, a pesar de las numerosas referencias a la importancia de la vivienda, los enfoques políticos mencionados por los Estados tendieron a reproducir prácticas de larga data (principalmente la construcción masiva de viviendas sociales), de impacto limitado (y a veces negativo), descuidando el papel de enfoques alternativos como la vivienda cooperativa o la producción social del hábitat, que buscan establecer enfoques comunitarios y no
mercantilizados para garantizar el acceso a una vivienda adecuada. En general, las declaraciones señalaron un distanciamiento de un enfoque basado en derechos, así como de las luchas y prioridades de la sociedad civil, los movimientos sociales y GLRs.
Esto también se evidenció en las menciones a las preocupaciones medioambientales y a la necesidad de avanzar en la acción climática, otro tema recurrente durante las intervenciones. Este tema se incorporó en su mayoría citando los esfuerzos para «reverdecer” las ciudades y fomentar las prácticas de movilidad sostenible, pero sin incorporar los aspectos socioeconómicos del desarrollo urbano, incurriendo en el riesgo de caer en políticas y prácticas que pueden aumentar aún más las desigualdades y la exclusión (como la gentrificación y la privatización). Además, otra nota de advertencia que surgió de la reunión es la evidente necesidad de ampliar el debate y la coordinación con múltiples actores para avanzar en la implementación de la NAU. La flagrante falta de actores de la sociedad civil organizada y la necesidad de involucrar a grupos de base, en particular de mujeres, residentes de asentamientos populares y trabajadores-as de la economía popular, tal y como destacaron las observaciones de los representantes de la Comisión de Huairou y de Slum Dwellers International, contrasta con las menciones e invitaciones a intervenir que se hicieron a «expertos técnicos», cuyas aportaciones son de gran valor, pero que deben
integrarse sin caer en un enfoque tecnocrático ligado a los intereses económicos y alejado de las prioridades que surgen de las comunidades.
Conclusiones y próximos pasos
En general, la reunión puso de manifiesto una preocupante falta de imaginación, la persistencia de «viejas recetas» y el escaso compromiso con abordajes que reconocen y apoyan los esfuerzos e iniciativas de organizaciones de la sociedad civil, que proponen modelos alternativos basados en los derechos frente a los actuales modelos de desarrollo económico y urbano. Por otro lado, la renovada relevancia de los compromisos de la NAU y de las políticas públicas, a través de la pandemia de la COVID-19, así como el avance hacia un enfoque del desarrollo urbano en todo el sistema de las Naciones Unidas, son oportunidades bienvenidas para aprovechar y acelerar la implementación de la NAU a través del derecho a la ciudad y de un enfoque basado en derechos.
Está claro que los próximos cinco años no pueden ser iguales a los anteriores. Es el momento de superar la inercia, los retrocesos y apoyar las iniciativas transformadoras (proyectos, políticas) desde el ámbito local, con el cuidado y los bienes comunes en el centro. Esto no puede hacerse sin el compromiso político y financiero de los Estados, así como mediante el apoyo continuado a las acciones lideradas por la sociedad civil, los movimientos sociales y los GLR. Además, exige mecanismos sólidos y sostenidos de seguimiento, con la participación y el compromiso de diversos actores.
En este sentido, los próximos meses, incluyendo el Foro Urbano Mundial, (Katowice, junio), el Octubre Urbano, la COP27 (Sharm el-Sheikh, noviembre) y la Asamblea de ONU-Hábitat (2023), se presentan como un momento clave para forjar un compromiso sustantivo junto con ONU-Hábitat y los diferentes niveles de gobierno hacia un marco de implementación y seguimiento de la NAU más robusto, abierto, participativo y basado en derechos, con el derecho a la ciudad como eje central y partiendo del liderazgo y la
autoorganización de la sociedad civil.
