Sabemos cuáles son los retos y podemos ver las soluciones. Depende de nosotros reinventar las reglas. Del Monopoly al Commonspoly, las comunidades de redistribución, solidaridad y cuidado están cambiando el juego.
Artículo de Lorena Zárate y Sophia Torres, publicado originalmente, en inglés, en The Nature of Cities
Jugar es algo serio. Animales y humanos aprenden a relacionarse entre sí y con el mundo a través de juegos en los que intervienen cuerpos y mentes. Los juegos proporcionan una forma simplificada de entender cuestiones complejas, al tiempo que amplían nuestra percepción de la realidad mediante experiencias multisensoriales. Los juegos dan forma a nuestra imaginación y a nuestras ideas de lo que es posible. Los juegos pueden ayudarnos a dar sentido al mundo, a cuestionarlo y, ¿por qué no? – a cambiarlo.
Concebido y popularizado en torno a los años de la Gran Depresión (1929-1939), el Monopoly puede considerarse el juego por excelencia de las sociedades capitalistas contemporáneas. La codicia y la crueldad se celebran y recompensan mediante la acumulación privada de bienes que, de otro modo, serían cruciales para el bienestar colectivo. Las-os jugadores se proponen adquirir todo el espacio residencial, las infraestructuras básicas y los servicios públicos que puedan en detrimento de sus oponentes, cobrándoles elevados alquileres y tasas, y empujándoles finalmente a la quiebra para ganar. Casi un siglo después, los informes globales sobre la creciente desigualdad revelan todos los detalles sobre el 1% más rico que obtiene beneficios exponenciales (incluso durante la pandemia de COVID-19) controlando casi todos los aspectos de nuestras vidas y llevando al planeta al colapso ecológico.
La concienciación y la demanda crecen; ya es hora de cambiar las reglas del juego. Pero, ¿cómo? Commonspoly (disponible para su descarga bajo una Licencia de Producción de Pares) puede ofrecer algunas respuestas importantes para seguir avanzando. Porque en lugar de competir por recursos y servicios críticos, el objetivo es colaborar para protegerlos y disfrutarlos como bienes comunes. Creado en 2015, este juego de mesa se inspira en realidad en la versión original del Monopoly, llamado por Elizabeth Magie The Landlord’s Game (El juego del terrateniente)(1904) y, de hecho, pretendía denunciar la concentración de propiedades y los alquileres abusivos en el corazón de la injusticia socioeconómica. En lugar de la privatización, en Commonspoly se anima a las-os jugadores a crear y mantener bienes públicos y una gestión democrática común.
Todas-os sabemos que, para superar las múltiples crisis actuales y los retos existenciales de la humanidad, debemos situar el cuidado de las personas y del planeta en el centro de las narrativas, las prácticas y las políticas. En la búsqueda de alternativas a los modelos explotadores de producción, distribución y consumo, los bienes comunes y la comunalización están volviendo a cobrar impulso como una fuente de esperanza muy necesaria. Un floreciente campo académico multidisciplinar parece articularse con experimentaciones políticas multisectoriales y transescalares en muchos lugares del mundo.
Para hacer frente a la invisibilización, la fragmentación e incluso la criminalización, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil, en alianza con gobiernos locales y regionales progresistas, están liderando acciones transformadoras. Desde las cooperativas de vivienda hasta la (re)municipalización de servicios básicos, pasando por los acuerdos colectivos sobre la tierra y la gestión compartida de los bienes naturales y culturales, las prácticas de comunalización están a la vanguardia de nuevas formas de toma de decisiones democráticas, al tiempo que revalorizan y dan un nuevo significado a las formas tradicionales de organizar y compartir los recursos. Su núcleo es una profunda redistribución del poder material y simbólico basada en principios y luchas feministas, antirracistas y anticoloniales.
El derecho a la ciudad y una agenda municipalista renovada y reforzada, estrechamente relacionados con la comunalización, son ahora más cruciales que nunca. Al mismo tiempo representan una exigencia y un compromiso para crear lugares para vivir más justos, democráticos y sostenibles. El cumplimiento de la función social de la tierra y la propiedad; la defensa de los bienes comunes (naturales, urbanos y culturales); el reconocimiento y apoyo a las economías sociales y diversas; la radicalización de la democracia local y la feminización de la política son algunos de los principios más destacados que guían multitud de acciones y esfuerzos de incidencia política. Frente al deterioro acelerado de las condiciones materiales de vida (humanas y más-que-humanas), la creciente polarización social y la pérdida (altamente manipulada) de confianza en las instituciones públicas, el derecho a la ciudad, el nuevo municipalismo y los comunes pueden cristalizar las condiciones de posibilidad de un nuevo contrato socio-espacial, radicalmente renovado desde lo local, basado en la proximidad y construido sobre los derechos y sueños emancipatorios de sus habitantes.
¿Qué son los comunes y porqué son tan importantes?
Los bienes públicos globales y los bienes comunes globales son componentes clave de la visión y de las recomendaciones del Secretario General de las Naciones Unidas para las críticas próximas dos décadas. En el marco de Nuestra Agenda Común, los gobiernos nacionales y la comunidad internacional están llamados a proteger y cumplir una amplia gama de dominios naturales y culturales, incluidos el altamar, la atmósfera y el espacio exterior, junto con la salud, la economía, la información, la ciencia y la paz. Se propone que este llamado nuevo acuerdo global o nuevo contrato social se base en los derechos humanos y se centre en la reconstrucción de la confianza, la inclusión y la participación. Se presenta como un esfuerzo de «toda la sociedad», incluidas-os las-os individuas-os, la sociedad civil, las instituciones estatales y el sector privado. Un multilateralismo renovado, «en red y eficaz» reconoce un papel importante a las ciudades.
Sin embargo, desde un enfoque municipalista y del derecho a la ciudad, esta agenda se queda corta. Aunque reconoce la necesidad de reconocer la existencia de bienes comunes, no hace suficiente hincapié en los acuerdos democráticos en virtud de los cuales éstos podrían gestionarse colectivamente de forma coordinada a escala local, nacional e internacional. Por omisión, esta visión corre el riesgo de caer en una interpretación de los bienes comunes que reproduzca la situación actual, sin abordar los desequilibrios de poder dentro y entre estas coaliciones de múltiples partes interesadas (es decir, las instituciones internacionales y nacionales frente a los gobiernos locales; las empresas transnacionales por encima de los actores públicos y sociales). Además, la comprensión de los bienes comunes por parte de la agenda parece limitarse a los recursos naturales globales vinculados a la protección de los ecosistemas, sin reconocer la relevancia y el carácter transformador de las prácticas multidimensionales de comunalización en otros ámbitos y escalas.
Como estrategia, la comunalización proporciona una herramienta concreta para anteponer la función social y medioambiental a la acumulación, la privatización y la especulación, garantizar la igualdad de acceso y beneficio para todes y dar prioridad a los grupos tradicionalmente marginados y discriminados. Al mismo tiempo, representa una oportunidad productiva para experimentar con nuevas formas de colaboración público-comunitaria, dado que los bienes comunes introducen no sólo un nuevo enfoque de gestión y prestación de recursos y servicios, sino también nuevos modelos de gobernanza colectiva que abordan los desequilibrios de poder. Además, los acuerdos colectivos para la gestión de los bienes comunes por parte de las autoridades públicas y la sociedad civil no sólo son más equitativos, ya que su lógica subyacente no se basa en la rentabilidad, sino que también refuerzan los lazos y la cooperación entre la gestión pública y las esferas comunitarias.
El documento incorpora referencias a ejemplos concretos que abarcan ocho áreas temáticas fundamentales: vivienda y tierra; sistemas alimentarios y agroecología; servicios básicos (agua y saneamiento, energía, gestión de residuos, acceso a internet); cultura y educación; conocimiento, información y derechos digitales; espacios públicos y medios de vida seguros y accesibles; recursos naturales y ecosistemas. Los casos seleccionados muestran que los esfuerzos en curso sobre los bienes comunes y la comunalización están presentes en ciudades y regiones de todo el mundo, como Brasil, Italia, Namibia, Perú, Puerto Rico, España, Sri Lanka, Tailandia y Zimbabue.
Áreas estratégicas para el desarrollo de los comunes. Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, 2022.
Avanzando: ¿Qué necesitan los bienes comunes para prosperar?
Como se ha señalado anteriormente, el ámbito local es especialmente fértil para fortalecer las prácticas de comunalización. En este sentido, los gobiernos locales y regionales desempeñan un papel fundamental a la hora de crear las condiciones propicias para hacer posible lo común. En concreto, pueden centrarse en tres tipos de acciones principales: respeto y confianza; protección; y realización. La primera gira en torno al reconocimiento de la autonomía y las características específicas de los esfuerzos de comunalización llevados a cabo por organizaciones de base y de la sociedad civil. La segunda se refiere a proporcionar garantías adecuadas y prevenir la discriminación y los conflictos contra las-os comuneras-os. El tercero implica que los gobiernos proporcionen un apoyo efectivo y sostenido a las iniciativas de comuneras-os que aborden las desigualdades estructurales y se comprometan a construir alternativas feministas, antirracistas, antihabilitadoras e intergeneracionales. De hecho, es fundamental recordar que promover el compromiso social y las prácticas de gestión colectiva no implica que las autoridades estatales puedan desentenderse de sus compromisos y obligaciones en materia de derechos humanos.
Para avanzar, se identifican dos conjuntos de estrategias específicas para hacer posible la comunalización de bienes y servicios: la (re)municipalización y las alianzas público-comunitarias, fuertemente relacionadas con prácticas de contratación pública que dan prioridad a los agentes de la economía social y solidaria y a procesos más democráticos. Siguiendo a Kishimoto, Steinfort y Petitjean, (re)municipalización es el término utilizado para referirse tanto a la creación de nuevos servicios públicos (municipalización) como a la reversión del sector privado a la propiedad y gestión públicas (remunicipalización). Una recopilación publicada por Transnational Institute identifica 1.400 casos aplicados durante las dos últimas décadas en 2.400 ciudades de 58 países, con claras repercusiones positivas como la reducción de costes y tasas, la mejora de la calidad y la protección de las-os trabajadoras-es. Los autores subrayan que estos esfuerzos están «impulsados por las aspiraciones de las comunidades y los gobiernos locales de perseguir objetivos sociales y ambientales, fomentar la democracia y la participación locales». Según su análisis, la sostenibilidad ecológica, la capacitación social y el aumento de la riqueza comunitaria pueden considerarse resultados directos de iniciativas que abordan temas tan diversos como el agua, la energía, la vivienda, la alimentación, el transporte, los residuos, las telecomunicaciones, la sanidad y los servicios sociales, por citar sólo algunos.
Ciertamente relacionadas, pero diferenciadas, las alianzas público-comunitarias están siendo promovidas por organizaciones de base y gobiernos a nivel local como una forma eficaz de fortalecer el tejido social y garantizar una rehabilitación urbana justa y democrática. Bolonia y Barcelona son ejemplos clásicos de marcos institucionales para regular la «colaboración civil para los comunes urbanos». Ya sea en el centro de las ciudades o en las antiguas periferias industriales, los contratos a largo plazo otorgan a las asociaciones vecinales la responsabilidad y los recursos para la gestión colectiva de espacios verdes, edificios públicos, viviendas cooperativas y equipamientos culturales. Ciudades como Montevideo también están experimentando nuevos modelos de cogestión de bienes y servicios público-comunitarios, al tiempo que implementan la función social de la tierra (mediante la prevención de la especulación) y promueven la equidad de género y la justicia racial. Basándose en estos y otros aprendizajes, un grupo multidisciplinar de Ámsterdam ha promovido recientemente la creación de una Cámara de los Comunes para fomentar el debate, el intercambio y las experimentaciones que puedan propiciar el cambio social.
Recomendaciones a los gobiernos locales y regionales para fomentar los bienes comunes. Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, 2022.[i] Facilitado por la Plataforma global del derecho a la ciudad, el grupo de trabajo del Cabildo Público sobre los comunes se integra de una amplia gama de organizaciones y redes, incluidas: La Coalición de Ciudades sobre derechos digitales, Fundaciones de Sociedad Abierta, el Centro Africano para la Resolución Constructiva de Controversias (ACCORD), El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); así como de los/as representantes de 3 caucuses (transversales); juventud (Grupo Principal para la Infancia y Juventud), feminismo/mujeres (Comisión Huairou) y accesibilidad (World Enabled), la Asamblea General de Socios, Grupo de Colectivos de Socios para Adultos Mayores y la Unión Mundial de Ciegos). Los participantes en las múltiples sesiones de trabajo son: La Unidad de Planificación de Desarrollo de Bartlett (DPU), FIAN Internacional (FIAN), Coalición Internacional para el Habitat, Instituto internacional para el Medio Ambiente y Desarrollo (IIED), Observatori DESC (Barcelona, España), Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO).
