Construir ciudad con sus habitantes
La defensa del derecho a la ciudad
El COVID-19 ha causado una crisis sin precedentes. Aunque todavía es demasiado pronto para medir todas las consecuencias, esta crisis ha puesto de manifiesto el alcance de las desigualdades sociales: la mortalidad fue mayor en los barrios de clase trabajadora con menos servicios públicos, donde las condiciones de vivienda eran más difíciles y el control policial era más estricto.
En algunas ciudades de Seine-Saint-Denis, la mortalidad aumentó en un 128% en comparación con el mismo período del año anterior, según el INSEE. Hoy en día la emergencia para las-os habitantes es la supervivencia. Tienen que pagar el alquiler y los gastos de comida para alimentar a sus familias. Los gastos de vivienda pueden representar en promedio entre el 40 y el 50% de los ingresos del hogar. El trabajo a corto plazo o la pérdida de un empleo multiplica las situaciones de endeudamiento e impago.
Si las redes de solidaridad y las organizaciones de habitantes han permitido responder a ciertas situaciones de urgencia, es necesario apoyarlas para contribuir a la construcción de políticas públicas que deben estar a la altura de lo que está en juego.
Durante la primera vuelta de las elecciones municipales de marzo de 2020, las organizaciones vecinales de Grenoble, Lyon y Marsella iniciaron la campaña «Agenda por el derecho a la ciudad«, que reunió 350 propuestas. Sin limitarnos a los plazos electorales, lanzamos una campaña de promoción para la segunda vuelta de las elecciones municipales que tendrá lugar el 28 de junio. Las elecciones son una oportunidad para debatir nuestras demandas para la construcción de una agenda para el derecho a la ciudad.
Para responder a esta crisis, nos parecen prioritarias dos series de propuestas:
- Un plan de emergencia para la vivienda y la ciudad
Frente a la crisis, muchas personas que viven en barrios de clase trabajadora están experimentando dificultades económicas que afectan a su capacidad para pagar el alquiler y los servicios públicos. Si no se hace nada, la crisis provocará desalojos y un aumento masivo de la pobreza.
Hacemos un llamado a los responsables de las tomas de decisión a nivel local y nacional para que implementen políticas públicas apropiadas y sólidas a fin de hacer frente a los desafíos revelados por la crisis sanitaria, social y económica. Es por eso que demandamos:
- la suspensión del cobro del alquiler para las familias con dificultades.
- la prohibición de desalojos sin una solución de realojamiento.
- un fondo de compensación para los promotores y los servicios públicos locales afectados.
Estas medidas de emergencia se integrarán en un plan excepcional de vivienda y de la ciudad co-construido con las-os habitantes, en cumplimiento de las normas ambientales, dirigido a:
- Incluir el objetivo del 30% de viviendas sociales para 2030 en el Plan local del hábitat y a nivel de barrio para combatir la segregación urbana.
- Aumentar sustancialmente el número de alojamientos para cumplir el objetivo de cero personas en la calle.
- La democratización de la construcción de la ciudad
Durante años, las organizaciones de habitantes han exigido asociarse a la construcción de la ciudad. A pesar de la reforma de la política de la ciudad en 2014, que introdujo el principio de la co-construcción, todavía se esperan cambios concretos, especialmente en las operaciones de vivienda social, que a menudo son una aberración ecológica y social.
Para que las-os habitantes vuelvan a estar en el centro de estos proyectos, pedimos:
- Abrir a todas-os las-os ciudadanas-os y a sus representantes los órganos técnicos y políticos de los proyectos urbanos para garantizar la transparencia de la acción pública y la verdadera co-construcción de los proyectos.
- Introducir instrumentos de democracia directa, como el referéndum de iniciativa ciudadana, para fomentar la expresión real de las personas más preocupadas por proyectos controvertidos como las demoliciones.
- Establecer medios financieros específicos, como el fondo de iniciativa ciudadana o la propuesta 1% de ciudadanía ( consiste en dar 1% del costo de un programa urbano para que sea manejada por las-los ciudadan-a-o-s), para proporcionar a las-os habitantes los medios necesarios para la pericia independiente y el reconocimiento de sus conocimientos de uso.
- Democratizar el funcionamiento de las-os promotoras-es sociales a través de la gestión urbana local y la co-construcción de operaciones de rehabilitación.
- La reforma de la Agencia Nacional de Renovación Urbana (ANRU) mediante un proyecto de ley que fortalezca el papel de las-os habitantes y la implementación de una agenda por el derecho a la ciudad.
Jornada de acciones el 20 de junio 2020
El pasado 20 de junio las organizaciones prepararon una jornada de acción simultánea en diferentes ciudades a través de acciones locales y/o convergencias con movilizaciones sociales (procesión para la regularización de personas sin papeles, vivienda para todos, acción contra la violencia policial…).
La solidaridad de las ciudades que se ha desarrollado en este período de crisis muestra hasta qué punto las ciudades pueden encarnar islas de resistencia y ser lugares de experimentación de luchas que pueden conducir a nuevos proyectos sociales.
Encuentre todas estas propuestas en el sitio web www.agendadroitalaville.fr y no dude en difundir las propuestas con el hashtag #droitalaville o #derechoalaciudad.
Primeros firmantes : Alliance Citoyenne (Grenoble), Appuii (St Denis), Atelier Populaire d’Urbanisme de la Villeneuve (Grenoble), Atelier Populaire d’Urbanisme de Fives (Lille), Droit à la Belleville (Paris), Droit à la Ville DZ (Dounarnenez), Grenoble en mouvement (Grenoble), LDH 13 (Marseille), Ric Arlequin (Grenoble), Transform (Grenoble), Utopia Rhône (Lyon), Un Centre Ville pour Tous (Marseille), Solidarité Villes (Toulouse)
Con el apoyo de la Plataforma Global por el Derecho a la ciudad www.right2city.org
