Los procedimientos especiales de las agencias de derechos humanos de las Naciones Unidas han venido desarrollando diferentes esfuerzos para subrayar la importancia de adoptar un enfoque de derechos humanos al abordar la crisis de COVID-19. Además de emitir una serie de comunicados de prensa y declaraciones conjuntas, un grupo de diferentes de mandatarias-os, como los Relatores Especiales y los expertos independientes, han decidido dedicar sus próximos informes al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o a la Asamblea General sobre COVID-19 y sobre cómo la pandemia afecta a sus respectivos ámbitos y a los derechos humanos en general.
El grupo de expertos hizo un llamado conjunto a contribuir, con la participación de los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil en el proceso. El cuestionario tiene por objeto ayudar a las-os mandatarias-os a obtener información y elaborar recomendaciones amplias sobre las medidas adoptadas por los gobiernos nacionales, federales y locales para proteger a su población y garantizar el disfrute de los derechos humanos, incluidos determinados grupos en riesgo de discriminación o exclusión social.
La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad ha enviado contribuciones al informe, basadas en las ideas clave del comunicado publicado en marzo, así como en las conclusiones de las asambleas celebradas en abril con los miembros y aliados de la PGDC sobre el impacto de la pandemia en sus comunidades y las iniciativas que se están llevando a cabo. En las respuestas de la PGDC destaca la preocupación por la ausencia general de un enfoque de derechos humanos en la respuesta a la pandemia, con un aumento de las violaciones en todo el mundo, especialmente sufridas por los grupos más vulnerables.
Entre los numerosos temas del cuestionario, las respuestas de la PGDC se centraron en cuatro puntos principales:
- Impacto general en los derechos humanos, sobre todo para los grupos más vulnerables;
- Información estadística, y asegurar que toda la información reunida sea representativa de la totalidad de la población y el territorio;
- Participación y consulta, destacando las cuestiones relacionadas con la falta de transparencia, la restricción de las asambleas y protestas y el impacto de las elecciones;
- Internet, centrándose en la necesidad de salvar la brecha digital.
Más allá de estas preocupaciones, las respuestas destacan también la proliferación de iniciativas y políticas dirigidas por los gobiernos y la sociedad civil para hacer frente a la pandemia y cómo algunas de ellas, si se mantienen a largo plazo, podrían dar lugar a un cambio sustancial con respecto a los modelos seguidos hasta ahora. En este sentido, las respuestas resaltan la necesidad de transparencia sobre el futuro de esas políticas, así como la necesidad de adoptar un enfoque que reconozca la universalidad e interdependencia de todos los derechos humanos, para todas y todos.
Puede leer las contribuciones completas de la PGDC aquí (disponibles en inglés).
