La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (PGDC) celebró un evento paralelo en línea en el Foro Político de Alto Nivel (HLPF) 2020 el 16 de julio.
Los miembros y aliados de la PGDC de diferentes organizaciones locales e internacionales y de la sociedad civil presentaron los posibles caminos que ofrece el Derecho a la Ciudad para hacer frente a las crisis del Covid-19 a través del foco de las Agendas Globales (como la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana), centrándose en la urgencia de avanzar hacia transformaciones a largo plazo. En total, registramos 65 participantes de todo el mundo.
Los oradores destacaron los esfuerzos de emergencia que se han iniciado y la necesidad de aplicar medidas que vayan más allá; la pertinencia de tener una visión integrada que tenga en cuenta los componentes del Derecho a la Ciudad y las Agendas Mundiales. Por último, se examinaron tres temas: Mecanismos de protección social y garantía de los medios de vida, en particular en la economía informal; Igualdad de género, violencia contra la mujer y transición hacia una sociedad basada en el cuidado; Justicia racial y el Derecho a la Ciudad.
A continuación se presentan las principales ideas y mensajes debatidos durante el evento:
Medidas de emergencia y la urgencia de avanzar hacia transformaciones a largo plazo
La pandemia ha obligado a todas las esferas de la toma de decisiones a adoptar medidas de emergencia para ayudar a los más necesitados. Es evidente que, si bien todos pueden verse afectados por este virus, los que se encuentran en situaciones vulnerables corren un mayor riesgo. Además, la crisis actual ha puesto de manifiesto las fracturas y los fallos de nuestro modelo de crecimiento, especialmente en cuanto a las desigualdades estructurales.
Esto ha hecho que las políticas públicas hayan tenido que adaptarse, ponerse en marcha rápidamente y tratar de ser lo más eficaces posibles para llegar a las personas en situaciones vulnerables (personas sin hogar, trabajadores informales, personas que viven en asentamientos informales y barrios marginales, o lejos de los servicios públicos, mujeres), tal como lo presentó Angela Mwai, Jefa Interina de la Unidad de Derechos Humanos e Inclusión Social de ONU-Hábitat.
Los ejemplos de todo el mundo han demostrado que la colaboración con la sociedad civil y el establecimiento de redes han sido cruciales para la aplicación de estas políticas sociales. Así como lo presentó, Xinia Navarro, Secretaria de Integración Social de la ciudad de Bogotá donde se está implementando un nuevo contrato social y ambiental, aprovechando las medidas puestas en marcha durante la pandemia.
Los participantes convinieron en que se pueden adoptar rápidamente medidas para ayudar a las personas necesitadas y que se espera que esas políticas sociales no sean meramente puntuales y se mantengan para garantizar un mayor bienestar social.
La pertinencia de abordar la situación con la perspectiva del Derecho a la Ciudad y teniendo en cuenta las Agendas Globales
Las ciudades han estado en primera línea para hacer frente al COVID19 y sus impactos, como destacó Amanda Flety de UCLG. Los participantes señalaron que las ciudades que se han comprometido con los componentes del Derecho a la Ciudad y los Derechos Humanos han abordado la crisis de manera más eficiente proporcionando respuestas rápidas. Algunas áreas en las que estas ciudades han sido ejemplares son: proponer acciones inclusivas para todos los habitantes; políticas públicas efectivas sobre la violencia de género; acciones de ayuda a la vivienda a través de las oficinas de vivienda pública.
De la misma manera, estas transformaciones no pueden disociarse de la aplicación de las Agendas Globales (SDG y NUA) para avanzar hacia transformaciones estructurales sustanciales. Para las organizaciones internacionales, como ONU-Hábitat, el enfoque general es «reconstruir mejor», dijo Roi Chiti, Asesor Técnico Principal de ONU-Hábitat.
Esta organización se ha comprometido a apoyar a los gobiernos y comunidades locales, ayudar a mitigar el impacto económico e iniciar la recuperación; proporcionar datos para la elaboración de mapas y apoyar la aplicación de políticas sociales. En este sentido, uno de los elementos que parecen esenciales para elaborar respuestas de calidad es la recolección de datos, que permite determinar dónde, cómo y para quién aplicar estas medidas.
Por último, los oradores han coincidido a lo largo del evento en que es esencial tener en cuenta que los objetivos de las Agendas Globales y los componentes del Derecho a la Ciudad están interconectados. Un enfoque integrado facilitaría el avance hacia respuestas a largo plazo.
Economía informal
La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia general de la economía informal como principal fuente de ingresos para millones de hogares en todo el mundo. Además, los trabajadores del sector no estructurado son los más afectados y vulnerables porque son los que se exponen más fácilmente al virus, tienen más riesgo de perder sus ingresos y son los más alejados de la salud y los servicios públicos básicos.
El marco de las 4Rs, presentado por Rachel Moussie de WIEGO, contribuye a abordar las necesidades de los trabajadores informales de la siguiente manera :
- Respaldo directo y no daño y apoyo directo a los ingresos, como la transferencia de efectivo del gobierno
- Recuperación de ingresos
- Reconstruir y abordar las necesidades de infraestructura y los sistemas de seguridad social
- Reajustar a ciudades más justas e inclusivas.
Una política particular que se destacó en el evento fue la Renta Básica. Muchas organizaciones civiles han defendido históricamente esa política, y la crisis del COVID-19 fue un momento clave para la aplicación de esta medida. El ejemplo de Brasil, explicado por Maira Vannucchi de StreetNet Internacional, es importante de destacar ya que muestra que los gobiernos nacionales pueden implementar políticas de Renta Básica dirigidas a las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, aún quedan muchas lecciones por aprender en lo que respecta a la aplicación de esas políticas.
La igualdad de género, la violencia contra la mujer y la transición hacia una sociedad basada en el cuidado de la salud
Maite Rodríguez Blandón, de la Red Mujer y Hábitat, destacó que esta pandemia ha afectado particularmente a las mujeres, en términos de :
- protección social y vulnerabilidad económica debido al desempleo
- aumento de la violencia de género y la violencia doméstica
- aumento del trabajo de cuidado
- riesgo de desalojos
Las mujeres de base han trabajado juntas para colaborar con los gobiernos locales y nacionales a fin de ampliar las iniciativas de desarrollo. Una de esas iniciativas es el Fondo de Resistencia Comunitaria, implementado por la Comisión de Huairou, que apoya a los grupos de mujeres para lograr una reducción de los riesgos de desastre en favor de los pobres, según lo expuesto por Violet Shivutse de la Comisión de Huairou.
La sociedad civil y los gobiernos locales están avanzando hacia una sociedad basada en el cuidado.
Justicia racial y derecho a la ciudad
La desigualdad social y racial en los EE.UU. son temas que no son nuevos, pero que se han puesto cada vez más en el centro de atención durante la crisis de COVID-19, dice Robert Robinson, de la Alianza Internacional de Habitantes.
La gente de color se ve desproporcionadamente afectada por problemas sociales como la falta de atención médica adecuada, la continua brutalidad policial, la falta de vivienda, la falta de una vivienda adecuada y los desalojos. Todo esto ha puesto a los miembros de grupos raciales y minoritarios en un mayor riesgo y vulnerabilidad durante la pandemia del COVID-19.
En este contexto, el asesinato de George Floyd, cuyo vídeo fue visto en todo el mundo, despertó la indignación y la ira de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes, que decidieron llevar su rabia a las calles.
Todas las manifestaciones, finalmente condujeron a importantes cambios, tales como:
- La Unión Americana de Libertades Civiles (ALCU) y la Red de Derechos Humanos han logrado la organización de una audiencia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la violencia policial y el racismo estructural.
- La utilización de los hoteles vacíos para alojar a los trabajadores sin hogar
- Campañas de vivienda y desalojos: «cancelar el alquiler», «cancelar la deuda», «cancelar las hipotecas».
Gracias a todos los ponentes:
- Amanda Flety, Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos | Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)
- Angela Mwai, Jefa interina de la Dependencia de Derechos Humanos e Inclusión Social, ONU-Hábitat
- Nelson Saule, Equipo de apoyo de GPR2C
- Rachel Moussie, Directora Adjunta de Protección Social, WIEGO
- Maira Vannucchi, StreetNet Internacional
- Maite Rodriguez Blandon, GPR2C Women, Gender and Diversity WG, Women and Habitat Network
- Robert Robinson, Alianza Internacional de Habitantes
- Roi Chiti, Asesor Técnico Principal, ONU-Hábitat
- Violet Shivutse, GPR2C Mujeres, Género y Diversidad GT, Comisión Huairou
- Xinia Navarro, Secretaria de Integración Social, Ciudad de Bogotá
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