Irene Escorihuela, Observatori DESC
Hoy en día, las ciudades europeas afrontan retos inmensos. Como consecuencia de la crisis económica y de su gestión pro-austeridad, los derechos sociales han sufrido fuertes retrocesos. Por su parte, también los derechos civiles y políticos se ven amenazados en la “Europa fortaleza” y con una creciente extrema derecha xenófoba. Mientras tanto, las ciudades se convierten en lugares de visita o de paso dónde vivir resulta cada día más difícil.
Alcanzar una vida digna en los pueblos y ciudades de Europa pasa por garantizar una vivienda digna, especialmente en un contexto de especulación inmobiliaria, aumento de los alquileres y desahucios. Además, las ciudades deberían contar con servicios básicos y gestión pública de calidad. Al mismo tiempo, un buen sistema de transporte público asequible se plantea como una necesidad ante el colapso de las ciudades, con niveles de contaminación insostenibles.
En Europa, el avance en los debates por la renta básica es desigual en función de cada gobierno nacional. El Derecho a la Ciudad debe incluir también la lucha por un empleo digno, que detenga la precariedad laboral, combata la desigualdad salarial y deje de criminalizar el trabajo informal. La pobreza, la malnutrición y la infravivienda no dejan de aumentar en nuestras ciudades, mientras que el asistencialismo no termina de dar paso al enfoque de derechos en las políticas públicas. La discriminación y criminalización de la pobreza están a la orden del día. A menudo, la privatización del espacio público contribuye a ello; también a una gestión represiva y excluyente de las calles y plazas, anteponiendo las normas de civismo a la co-creación de comunes urbanos y espacios de socialización, cultura y ocio.
Por otro lado, la destrucción de los barrios y del tejido vecinal consecuencia del turismo y de la gentrificación de algunos lugares expulsa de nuestras ciudades a vecinos y vecinas por la carestía de la vida. El modelo de ciudades cosmopolitas, modernas y cool tiene la contra en desplazamiento de la población y la fragmentación de vida comunitaria. La GPR2C ha de servir como base para reivindicar la vida vecinal y la voz ciudadana por encima de fondos de inversión y grandes fortunas que pretenden elitizar nuestras ciudades, precarizar nuestros trabajos y mercantilizar espacios colectivos. La GPR2C puede unir luchas, compartir estrategias y potenciar un discurso en defensa de los barrios y ciudades sostenibles y justas; en un embate de los grandes capitales y la mercantilización de los derechos sociales.
