En las últimas décadas, con una tendencia creciente a la privatización de los servicios esenciales, la desregulación económica general y la intensificación de la globalización de las cadenas de producción y distribución, hemos asistido al crecimiento constante de la influencia económica de las empresas transnacionales (ETN). Medido por los ingresos anuales, 71 de las 100 mayores entidades económicas del mundo son empresas transnacionales y el resto son Estados. Este poder económico se refleja en la influencia política sin precedentes que ejercen las ETN a nivel mundial.
Sin embargo, este proceso no ha ido acompañado de la elaboración de instrumentos normativos vinculantes a nivel mundial que establezcan la responsabilidad de las ETNs en el ámbito de los derechos humanos y la protección del medio ambiente, ni se ha garantizado el acceso a la justicia y a los recursos para las poblaciones afectadas por las actividades de estas empresas.
Desde la financiarización de la vivienda hasta la contaminación del medio ambiente urbano, la privación del derecho al agua o los impactos de la economía colaborativa (gig economy, en inglés), como la creciente precarización de las condiciones laborales, los movimientos sociales y las autoridades locales se enfrentan cada vez más a las violaciones de los derechos humanos derivadas del poder empresarial. Aunque hay avances a nivel nacional y regional (por ejemplo, Francia, Reino Unido, Países Bajos, la UE, Australia, Canadá y otros), sigue faltando un marco internacional sólido que aborde la impunidad corporativa de las empresas transnacionales en relación con los derechos humanos y la protección del medio ambiente.
En 2014, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó un Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta para elaborar un Tratado Vinculante que regule las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos. Desde entonces, cada año se invita a los Estados a las Naciones Unidas a participar en una nueva ronda de negociaciones sobre el Tratado. Un Tratado de la ONU permitiría a los Estados acordar universalmente los elementos que regulan la conducta de las empresas transnacionales en el derecho internacional de los derechos humanos, y sentar las bases para un acceso efectivo a la justicia de las comunidades afectadas.
El papel de las ciudades y los gobiernos locales
El Grupo de Trabajo se prepara para revisar el tercer borrador del tratado del 25 al 29 de octubre, con motivo de su séptima sesión. Como actor clave desde el inicio del proceso hacia el Tratado Vinculante de la ONU, la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner fin a la Impunidad (Campaña Global), una coalición de 250 movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y comunidades afectadas, ha publicado un análisis muy crítico del próximo tercer borrador, alertando de que se aleja de sus demandas críticas.
Las ciudades están en primera línea de los retos más urgentes de la actualidad, haciendo frente a la crisis climática y a la creciente desigualdad mundial. Los gobiernos locales de todo el mundo están cada vez más comprometidos con el avance de los derechos humanos y el derecho a la ciudad. Sin embargo, la ausencia de regulación de actores clave como las empresas transnacionales está provocando importantes distorsiones en el acceso a los derechos humanos por parte de muchas-os habitantes de las ciudades, desde el derecho a la vivienda hasta el derecho al agua o a un medio ambiente saludable, entre muchos otros.
Al mismo tiempo, las ciudades y comunidades están uniendo fuerzas a través de redes e iniciativas comunes, aumentando los espacios democráticos locales y construyendo alternativas concretas a los actuales modelos de desarrollo económico y urbano que refuerzan la exclusión y las desigualdades. En 2020, se publicó el «Llamado de las autoridades locales para apoyar el Tratado vinculante de la ONU«, exponiendo su interés por un Tratado ambicioso.
Este compromiso se vio reforzado en junio de 2021 en un evento conjunto organizado por la CCFD-Terre Solidaire, la Campaña Global de Reivindicar la de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad, la Plataforma Mundial por el Derecho a la Ciudad y la Comisión de Inclusión, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU, con motivo de la 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El evento reunió a representantes de autoridades locales, como el de Grenoble, y a organizaciones comunitarias del Sur y del Norte, para poner de manifiesto los impactos de las empresas transnacionales a nivel local y las posibilidades que presenta la aprobación de un Tratado Vinculante de la ONU desde la perspectiva del Derecho a la Ciudad.
Mientras se revisa y discute el tercer borrador del Tratado, animamos a los gobiernos locales y a las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo a que se unan a la coalición que apoya el Tratado, como mecanismo concreto para hacer frente a la impunidad de las empresas y proteger eficazmente el Derecho a la Ciudad en sus comunidades.
