A nivel internacional, nuestros esfuerzos de incidencia se centraron en tres procesos/reuniones internacionales principales:
a) el seguimiento de la Nueva Agenda Urbana (NAU) en la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas (Nueva York, abril de 2022); b) la 11ª edición del Foro Urbano Mundial (FUM) (Katowice, Polonia, junio de 2022); y c) el Congreso/Cabildo Público de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), en articulación con el 12º Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos (Daejeon y Gwangju, Corea del Sur, octubre de 2022).
En estos eventos, los miembros de la PGDC entablaron diálogos críticos con un amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales y nacionales reforzando la comprensión del derecho a la ciudad como motor fundamental de la justicia social, territorial y medioambiental. Basándonos en el legado del proceso de Hábitat III, hicimos un llamado para que los Estados miembros y los principales organismos de las Naciones Unidas se comprometan en mayor medida a acelerar la implementación de la NAU mediante políticas progresistas y el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos.
El proceso preparatorio de CGLU y el 7º Congreso Mundial fueron un espacio clave para reforzar la interacción y la colaboración entre las redes de la sociedad civil y les lídereses políticos de los gobiernos locales y regionales para definir una visión compartida y un plan de acción para los próximos años. La PGDC se encargó de facilitar el Cabildo Público sobre los Comunes, un esfuerzo de un año de duración que dio como resultado un documento político que incluye definiciones clave, ejemplos y recomendaciones para fomentar prácticas de comunalización que avancen las agendas municipalistas y el derecho a la ciudad. Una amplia gama de bienes y servicios pueden protegerse y reconfigurarse como bienes comunes: vivienda y tierra; sistemas alimentarios y agroecología; servicios básicos (agua y saneamiento, energía, gestión de residuos, acceso a internet); cultura y educación; conocimiento, información y derechos digitales; espacios públicos seguros y accesibles y medios de vida; recursos naturales y ecosistemas. El documento afirma que estas iniciativas locales desempeñan un papel crucial para hacer frente a las actuales crisis socioeconómicas y ecológicas, al tiempo que experimentan mecanismos más democráticos para la toma de decisiones y la gestión colectiva. (Vea el documento en la sección de publicaciones).
Estos esfuerzos de incidencia política estuvieron acompañados de campañas de comunicación en las redes sociales, que movilizaron a cientos de organizaciones y activistas de todo el mundo:
Además, como siempre, la PGDCC se sumó y apoyó iniciativas de miembros y aliados bajo el paraguas del derecho a la ciudad, tales como: a) Campaña «Nuestros barrios, nuestros derechos, nuestras ciudades» por el mejoramiento de los barrios y la vivienda popular en América Latina, para potenciar las acciones locales y fortalecer el trabajo estratégico, articulando en términos regionales para hacer oír nuestra voz y lograr los cambios que necesitamos; b) El premio popular Ciudades Transformadoras 2021-2022, una oportunidad para que gobiernos locales progresistas, coaliciones municipalistas, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil popularicen y compartan sus experiencias de construcción de soluciones a las crisis sistémicas económicas, sociales, políticas y ecológicas de nuestro planeta; c) el proceso hacia una nueva Constitución chilena, una experiencia política histórica apasionante con la inclusión del derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad; d) la colaboración con Crítica Urbana, una revista de estudios urbanos y territoriales para la reflexión y la acción.
Al mismo tiempo, durante este año varios miembros de la PGDC participaron activamente en el aprendizaje colaborativo y la producción colectiva de conocimientos. Entre los principales resultados se encuentran cuatro documentos temáticos adicionales, destinados a explorar y profundizar en contenidos conceptuales y programáticos clave relacionados con el derecho a la ciudad:
Ciudadanía inclusiva en ciudades y asentamientos humanos, que va más allá de la perspectiva tradicional descendente y centrada en el Estado para ofrecer una nueva definición que explora formas alternativas en las que la ciudadanía es «experimentada diferencialmente» por mujeres, hombres, jóvenes y personas mayores, grupos racializados, pueblos indígenas, comunidades LGBTIQA+, migrantes y refugiadas.
Ciudades y asentamientos humanos libres de discriminación, clarificando las diferentes dimensiones e instrumentos para abordarla, teniendo en cuenta el enfoque de los ejes de discriminación; la discriminación institucional, espacial y estructural, así como la teoría de la interseccionalidad.
Ciudades y asentamientos humanos con espacios públicos de calidad, explorando su carácter y funciones multidimensionales (es decir, urbanas; culturales, artísticas y performativas; políticas; medioambientales; virtuales) y su relevancia para la implementación efectiva del derecho a la ciudad.
Más allá de los vínculos urbano-rurales: la defensa de territorios y ciudades para la vida, centrándose en la función social y medioambiental del territorio y destacando estrategias concretas en diferentes regiones.
Además, junto con los miembros de la PGDC en Barcelona, elaboramos una Guía para el seguimiento de las políticas municipales dirigidas a promover el derecho a la ciudad. Contiene un conjunto de 22 indicadores relacionados con los ocho componentes del derecho a la ciudad y conectados con la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana. Se trata de un ejercicio abierto, que esperamos pueda ser debatido y mejorado por otras organizaciones en lugares de todo el mundo durante los próximos meses.
