El informe Whose City (¿De quién es la ciudad?) , publicado por ActionAid, muestra que las mujeres siguen enfrentándose de forma abrumadora a la violencia, el acoso y la intimidación en una amplia selección de países, y que se encuentran constantemente bajo su amenaza: Bangladesh, Brasil, República Democrática del Congo (RDC), Jordania, Liberia, Nepal, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Zimbabwe.
Informe de ActionAid[i]
La Nueva Agenda Urbana[ii] acordada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (también llamada Hábitat III) en Quito, en octubre de 2016, guía a los estados-nación, a las autoridades municipales y regionales y a otros en su reflexión sobre las ciudades, la urbanización y el desarrollo sostenible. Se comprometen a hacer realidad el concepto de «ciudades para todos» (a menudo referido como el «derecho a la ciudad»), reuniendo un conjunto de derechos ya reconocidos internacionalmente para garantizar que las-os habitantes disfruten de una ciudad justa y sostenible, esencial para una alta calidad de vida. La participación de las mujeres es esencial para construir ciudades que sean disfrutadas de manera justa y equitativa por todas las personas que visiten o vivan en ellas. Es fundamental que se escuchen sus voces y se tengan en cuenta sus experiencias a la hora de configurar la ciudad.
ActionAid y sus aliados han estado trabajando para salvaguardar el derecho de las mujeres a la ciudad durante muchos años, principalmente a través de la campaña Ciudades Seguras para las Mujeres, para abordar la violencia contra las mujeres en los espacios públicos urbanos. Es un hecho ampliamente reconocido que, en general, los gobiernos de todo el mundo siguen sin dar prioridad a los derechos de la mujer al seguir persiguiendo un modelo neoliberal de desarrollo que, entre otras cosas, suprime la regulación y la distribución equitativa de la riqueza; promueve la privatización de los servicios públicos y la explotación del trabajo remunerado y no remunerado de la mujer; y, en última instancia, afianza la desigualdad de género. La planificación urbana suele ignorar las cuestiones de género y no reconoce ni responde a las diferentes maneras en que las mujeres y los hombres experimentan los espacios urbanos y sus diferentes necesidades prácticas y a largo plazo.
Este informe (disponible en inglés) presenta los resultados de una evaluación de la seguridad de las mujeres en los espacios urbanos en una amplia selección de países en los que trabaja ActionAid: Bangladesh, Brasil, República Democrática del Congo (RDC), Jordania, Liberia, Nepal, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Zimbabwe. La metodología consisten en un sistema de puntuación para calificar a los países sobre la base de la tasa general de violencia física y sexual que enfrentan las mujeres en sus vidas; la existencia de marcos jurídicos nacionales y planes de acción dotados de recursos para hacer frente a la violencia por motivos de género; y si existe o no un análisis y una perspectiva de género aplicados en la planificación urbana, en particular en el diseño y la planificación del transporte público. Este registro no pretende ser un análisis exhaustivo de todos los factores que influyen en la seguridad de las mujeres en las ciudades. Por ejemplo, en lugar de considerar todos los servicios públicos disponibles, se centra en el transporte público. Sin embargo, ofrece un primer vistazo de los desafíos y aborda algunas cuestiones clave, en particular la capacidad de los gobiernos para abordar la seguridad de las mujeres.
El informe tiene como objetivo ayudar a los gobiernos a comprender mejor dónde no están llegando, y a identificar y priorizar las acciones para mejorar la seguridad urbana. Muestra que las mujeres todavía no disfrutan plenamente de su derecho a la ciudad a pesar de los compromisos del gobierno de poner fin a la violencia por motivos de género utilizando diversos instrumentos de derechos, legislación nacional, marcos de políticas o el establecimiento de estructuras centrales nacionales de formulación de políticas y coordinación para la incorporación de la igualdad entre los géneros. En general, las mujeres siguen enfrentándose de forma abrumadora a la violencia, el acoso y la intimidación, y se encuentran constantemente bajo su amenaza. En Nepal, nueve de cada 10 mujeres entrevistadas sufrieron acoso sexual en lugares públicos y cuanto más jóvenes son, más riesgo corren[iii]. En Brasil, una mujer es violada cada 11 minutos y la situación se deteriora a medida que el país experimenta un rápido retroceso en sus compromisos en materia de derechos de la mujer[iv]. En Senegal, las creencias patriarcales profundamente arraigadas siguen influyendo en los marcos jurídicos y normativos de manera que los derechos de la mujer quedan desprotegidos[v]. En Jordania, recientemente ha habido un importante debate sobre las enmiendas al código penal que buscaban mantener la inmunidad de los violadores si se casaban con sus víctimas de entre 15 y 18 años de edad[vi].
El trabajo de incidencia para que las autoridades estatales sean responsables de la prestación de servicios públicos accesibles, asequibles y de calidad que tengan en cuenta las cuestiones de género ha estado en el centro del trabajo de Ciudades Seguras para la Mujer. La seguridad de las mujeres y el disfrute de su derecho a la ciudad dependen de una infraestructura vial y de alumbrado adecuada; del transporte público; del agua y el saneamiento, incluidos los aseos públicos; de la policía; de la prevención de la delincuencia; y de servicios de respuesta a la violencia, como refugios, centros de crisis por violación y asistencia jurídica. Los Estados violan los principios de los derechos humanos y afianzan la desigualdad de género (incluida la violencia contra la mujer) cuando no prestan servicios públicos universales. Esta evaluación se centra en el transporte público – reconociendo que un sistema de transporte público seguro es un requisito previo necesario para que las mujeres y las niñas puedan ejercer su derecho a la libertad de movimiento y disfrutar y utilizar los servicios de sus ciudades sin amenazas de exclusión, violencia sexual o acoso. Sin embargo, el diseño inapropiado, la inasequibilidad, la inaccesibilidad y la falta de seguridad siguen caracterizando al transporte público en muchas ciudades[vii].
Aunque destacamos algunas formas exitosas e innovadoras en las que los derechos de las mujeres, los movimientos de justicia social y las organizaciones de la sociedad civil influyen y trabajan con los gobiernos para mejorar la seguridad urbana de las mujeres, estos casos de buenas prácticas son más bien excepciones que la regla. Los progresos se ven frenados por la falta de implementación y de recursos.
Este informe hace un llamado a los gobiernos para que tomen varias medidas, entre ellas:
– recopilar datos detallados sobre la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y utilizarlos para diseñar programas de prevención y respuesta relacionados con la seguridad urbana;
– asegurar que los grupos de mujeres y las supervivientes de la violencia participen en todas las etapas y procesos de diseño, monitoreo y auditoría de dichos programas;
– abordar el persistente sexismo institucional en los principales organismos de ejecución, como la policía, el poder judicial y el sector público en su conjunto;
– garantizar que todos los servicios públicos sean financiados, universales, accesibles y sensibles a las cuestiones de género, incluidos los servicios que prevengan y respondan a la violencia contra la mujer; e
– implementar políticas fiscales progresivas para asegurar que los servicios públicos sean financiados adecuadamente, y eliminar cualquier incentivo que las empresas puedan tener para debilitar el respeto y la protección de los derechos de las mujeres.
(Este artículo es una traducción del resumen ejecutivo del informe Whose City (¿De quién es la ciudad?)
* Descarga el informe ( en inglés) aquí.
[i] ActionAid es una organización internacional que trabaja con más de 15 millones de personas en 45 países por un mundo libre de pobreza e injusticia.
[ii] La Nueva Agenda Urbana es una guía para orientar los esfuerzos en materia de desarrollo de las ciudades para una amplia gama de actores (estados, líderes urbanos y regionales, donantes, programas de las Naciones Unidas, academia, la sociedad civil, entre otros), en apoyo a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 11 – Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
[iii] ActionAid (2015), Women and the City III: A Summary of Baseline Data on Violence Against Women and Girls in Seven Countries, ActionAid: Johannesburg, p.34. Disponible en: http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/women_and_the_city_iii.pdf
[iv] Buenos Aires Herald.com (2016), At Least One Rape Every 11 Minutes in Brazil. Disponible en: http://www.buenosairesherald.com/article/215282/at-least-one-rape-every-11- minutes-in-brazil
[v] Conversaciones con ActionAid Senegal, agosto 2017.
[vi] Husseini, R. (2015), ‘Projected Penal Code Amendment Scraps Article Pardoning Rapists Who Marry Victims’, Jordan Times. Disponible en: http://www.jordantimes.com/ news/local/projected-penal-code-amendment-scraps-article-pardoning-rapists-who-marry-victims%E2%80%99
[vii] ActionAid (2016), Freedom to Move: Women’s Experience of Urban Public Transport in Bangladesh, Brazil and Nigeria, and How Lost Tax Revenues Can Pay to Improve It. Disponible en: http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/178619_2785.pdf
