Quito, Ecuador. Foto de Ariel Tutillo en Unsplash
Porque para los miembros y aliados de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (PGDC) es una gran responsabilidad, aunque la obligación recaiga en los Estados.
Es una gran responsabilidad porque gracias a la movilización coordinada y los incansables esfuerzos de incidencia política de redes internacionales de la sociedad civil y los gobiernos locales, el Derecho a la Ciudad fue incluido como parte de la “visión compartida” que guía la Nueva Agenda Urbana (NAU), la declaración resultante de la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat III, Quito 2016). Desde ese momento, hace más de 7 años, asumimos el compromiso de dar seguimiento y apoyar la implementación del Derecho a la Ciudad y la NAU. Somos testigos de los avances y retrocesos en los debates y procesos.
Aunque la obligación de implementar los compromisos de la NUA recaiga en los Estados, las organizaciones de la sociedad civil están liderando iniciativas transformadoras desde el ámbito local, con el cuidado y los bienes comunes en el centro. Esto no puede hacerse sin el compromiso político y financiero de los Estados, así como mediante el apoyo continuado a las acciones lideradas por la sociedad civil, los movimientos sociales y los gobiernos locales. Además, exige mecanismos sólidos y sostenidos de seguimiento, con la participación y el compromiso de diversos actores.
Por estas razones, los miembros y aliados de la PGDC estuvieron en Nairobi para participar activamente en la segunda sesión de la Asamblea de ONU-Hábitat ( 5 a 9 de junio 2023).
Nelson Saule en la Segunda Asamblea de ONU-Hábitat, junio 2023
Durante la Plenaria, Nelson Saule Júnior , co-coordinador de la PGDC pronunció la declaración colectiva: “Predicar con el ejemplo: una completa realización de la NUA para un cambio estructural”, para pedir a los Estados y a ONU-Hábitat:
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Balance de la Segunda Sesión de la Asamblea de ONU-Hábitat
Nuevos y viejos compromisos
Celebramos que durante la Asamblea se haya aprobado la Declaración Ministerial y 10 resoluciones, pero no nos hacemos ilusiones. Hace siete años se aprobaran 147 compromisos en la Nueva Agenda Urbana, y no vemos los avances. Para ello, hay que tener voluntad política de cambiar los modelos dominantes de desarrollo económico, con una tendencia creciente a la financiarización y mercantilización de los servicios y bienes sociales esenciales, por enfoques alternativos que sitúen a las personas y la naturaleza en el centro.
Es más, desde la adopción de la NAU – documento pionero que contiene el derecho a la ciudad en su visión general – vemos el creciente reconocimiento de los principios del Derecho a la Ciudad a través de otras instancias como el Consejo de Derechos Humanos, al mismo tiempo que observamos un mayor compromiso de los gobiernos locales y regionales con su visión y principios. Sin embargo, a pesar de su inclusión en la NAU, hemos visto una mayor invisibilización del Derecho a la Ciudad y sus principios en el trabajo de ONU-Hábitat, con la agencia optando por un mayor enfoque en la transversalización de la Agenda 2030, dejando de lado compromisos centrales y privilegiando una visión tecnocrática y basada en resultados hacia el desarrollo urbano.
Multilateralismo
Delegados y partes interesadas en la Segunda Asamblea de ONU-Hábitat (junio, 2023)
“La acción local y un multilateralismo eficaz e integrador son indispensables para el progreso mundial”, tuiteaba, en inglés, la Sra. Maimunah Sharif, directora ejecutiva de ONU-Hábitat.
Celebramos que el papel de los gobiernos locales, como socios cruciales para un sistema multilateral renovado, haya sido reivindicado por varias voces, especialmente durante la Asamblea Mundial de gobiernos locales y regionales. Somos testigos de que los gobiernos locales se están tomando más en serio que los Estados la implementación de la Nueva Agenda Urbana. Ya que, al ser la esfera de gobierno más cercana a la comunidades, tienen una comprensión profunda de sus experiencias y aspiraciones.
La declaración conjunta ante la Asamblea de la circunscripción organizada de gobiernos locales y regionales afirma que «garantizar el Derecho a la Ciudad para todas las personas y comunidades es una necesidad y una herramienta extraordinaria para alcanzar la Agenda 2030″
Sin embargo, el papel de la sociedad civil fue reclamado por las pocas redes internacionales de la sociedad civil presentes – Habitat for Humanity, World Blind Union, Cities Alliance , SDI y la PGDC – y muchas más presentes de forma activa en las redes sociales. Los compromisos de la NAU y la Agenda 2030 no se cumplirán a menos que la sociedad civil pueda participar plenamente y contribuir de manera significativa al establecimiento, las deliberaciones y el proceso de implementación de las agendas de ONU-Hábitat. Para ello, es necesario crear mecanismos que canalicen las propuestas, acciones y soluciones lideradas por la sociedad civil, con el fin de garantizar un mundo mejor para todos. Una opción puede ser avanzar en el mecanismo de participación de partes interesadas siendo debatido en ONU-Hábitat, pero para que el mismo sea efectivo es fundamental que repose en vías concretas para decisión y participación de actores no estatales.
«Muchas organizaciones de la sociedad civil y de gobiernos locales hemos demostrado que no somos simples canales para la implementación local de agendas globales, sino los impulsores de un proceso político crítico para hacer tangibles los derechos humanos para todes», destacó Adriana Allen, Presidenta de HIC.
Plan estratégico de ONU-Hábitat
Durante la Asamblea se acordó ampliar el Plan Estratégico dos años más (2020-2025) para consolidar el trabajo y aumentar su impacto. ONU-Hábitat ya está preparando el Plan 2026-2029. El Secretariado esbozó tres nuevas áreas políticas -vivienda adecuada, acción climática y recuperación de crisis urbanas- que se añadirán en el nuevo plan, así como dos nuevos impulsores: Localización y financiación de los ODS. La intención es garantizar que el nuevo plan tenga una base empírica más sólida, incorpore las lecciones aprendidas y prevea un mayor seguimiento e información sobre la ejecución y el impacto de los proyectos.
Nosotros pedimos emprender una evaluación verdaderamente participativa del plan estratégico de ONU-Hábitat, que integre la participación de la sociedad civil, los gobiernos locales y regionales y otras partes interesadas a través de un Mecanismo de Participación de Partes Interesadas democrático, inclusivo y autoorganizado. Esto incluye mejorar el enfoque centrado en los derechos humanos en el territorio, haciendo operativos los principios y compromisos de la NAU con un marco integral de seguimiento y evaluación, teniendo en cuenta los aspectos interseccionales de las desigualdades urbanas y los indicadores de seguimiento desagregados y cualitativos para abordar mejor el desarrollo justo y sostenible de los asentamientos humanos en todo el hábitat humano.
Prediquemos con el ejemplo: una completa realización de la NUA para un cambio estructural
Las organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales pedimos a los Estados miembros y a ONU-Hábitat que actúen de acuerdo con los compromisos adoptados en la NUA. El proceso de Hábitat III reflejó la deliberación de diversos actores para comprometerse colectivamente con acciones que hagan que nuestras ciudades, pueblos, territorios y asentamientos humanos sean más justos, inclusivos, seguros y sostenibles. Surgieron cuestiones clave hacia la adopción de la Nueva Agenda Urbana (NAU), en particular en lo que se refiere al respeto, protección y realización de los derechos humanos bajo la égida del Derecho a la Ciudad, incluyendo la participación plena y efectiva de las mujeres y personas LGBTQUIA + y la igualdad de derecho; el combate y prevención de la especulación, el desplazamiento, la falta de vivienda y los desalojos forzosos; la garantía de las funciones sociales y ecológicas de la vivienda, la tierra y la ciudad; la necesidad de descentralizar aún más los procesos de toma de decisiones y revertir la asignación de recursos y priorizar inversiones para el mejoramiento de barrios populares y asentamientos informales y periferias; el reconocimiento de las ciudades como bienes comunes; y la gestión democrática de las ciudades y los territorios a través de enfoques más participativos e inclusivos, como la producción social del hábitat.
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