Preparando el terreno para el Derecho a la Ciudad
La idea del «Derecho a la Ciudad» es mucho más antigua que la PGDC, que aboga por su implementación efectiva cuanto política pública. Originalmente, el concepto fue introducido por primera vez por el sociólogo francés Henri Lefebvre en el libro «Le Droit à la ville» de 1968. Durante las décadas siguientes, la idea se desarrolló aún más a medida que fue adoptada por movimientos sociales, gobiernos locales y organismos internacionales.
Un paso importante en ese proceso fue la convergencia, a principios de la década de 1990, de activistas de derechos humanos, ambientalistas, ONGs, movimientos sociales urbanos pobres, gobiernos locales y organismos internacionales en las Conferencias Globales de las Naciones Unidas. Estos diálogos incluyeron reuniones en Eco-92 en Río de Janeiro, la Conferencia de Asentamientos Humanos (Hábitat II) en 1996, Estambul. Estos primeros diálogos permitieron reunir a estos grupos, entonces dispares, introduciendo las componentes del derecho a la ciudad en la Agenda 21 (A21) y en la Agenda Hábitat mediante la definición de las condiciones de vida adecuadas que deberían alcanzarse en los asentamientos humanos. Esto preparó el terreno para un empuje para internalizar el Derecho a la Ciudad como un derecho humano, aunque, en esta primera etapa, estos componentes no se habían cristalizado en una Agenda del Derecho a la Ciudad.
En los primeros años del siglo XXI, estos esfuerzos fueron continuados por redes y foros globales que incorporaron temas urbanos en sus debates y diálogos, especialmente el Foro Social Mundial y el Foro Urbano Mundial. De estos años posteriores a la A21 se destacan los documentos de referencia construidos durante estos procesos como la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, en los Foros Sociales Mundiales, y la Carta de la Agenda Global de los Derechos Humanos en las ciudades, construida a través de redes y organizaciones de autoridades locales como la CGLU.
Existen varios documentos que también contribuyen a la comprensión del derecho a la ciudad como elemento estructural para promover políticas de desarrollo urbano orientadas a la construcción de ciudades justas, democráticas y sostenibles, como por ejemplo:
- Tratado sobre ciudades y pueblos justos, democráticos y sostenibles (1992);
- Carta Europea para la Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad (Saint Denis, 2000);
- El Estatuto de la Ciudad de Brasil (Ley n.º 10.257 de 2001).
El nacimiento de la PGDC
La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad fue lanzada en noviembre de 2014 por iniciativa de la Coalición Internacional del Hábitat y el Instituto Polis del Brasil, en la Reunión Internacional sobre el Derecho a la Ciudad celebrada en el Brasil. Los miembros fundadores vieron la necesidad de una plataforma internacional y fuerte en la que los movimientos y organizaciones sociales -que habían estado trabajando juntos informalmente durante décadas en resultados como la Carta Mundial sobre el Derecho a la Ciudad– pudieran unir sus esfuerzos para fortalecer la reivindicación del Derecho a la Ciudad en todo el mundo. La constitución de la PGDC fue considerada, en ese momento, extremadamente importante para fortalecer las luchas urbanas por la justicia social y para mejorar la movilización internacional para abordar la Agenda 2030 (ODSs) y la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), tomando en cuenta los encuentros globales como el Foro Social Mundial y el Foro Urbano Mundial.
Este trabajo colectivo sobre el Derecho a la Ciudad ha incluido el debate y la difusión de su significado; la presión para su inclusión en documentos relevantes, como la Nueva Agenda Urbana (NAU); y la promoción de su implementación a través de políticas públicas a nivel local, nacional, regional e internacional. Esta coordinación resultó exitosa, resultando en el reconocimiento del Derecho a la Ciudad dentro del proceso de negociación de Hábitat III de las Naciones Unidas, y su inclusión como un principio/dimensión central en la NAU como resultado de la campaña de incidencia y comunicación.
La trayectoria de la PGDC
La fuerza de nuestro trabajo y visión compartida del Derecho a la Ciudad proviene de su complejidad y de la diversidad de nuestra red de miembros y simpatizantes. Más de 250 organizaciones locales, nacionales, regionales e internacionales han contribuido a la Plataforma. La variedad de campos de los que proceden nuestros miembros aporta valiosas contribuciones a una comprensión colectiva de las realidades de los diferentes entornos en todo el mundo y de los retos específicos, enriqueciendo nuestra visión compartida, nuestros conceptos básicos y nuestra gama de iniciativas. Sin embargo, su participación no sólo es importante para traer diferentes voces al PGDC, sino que también ayuda a la Plataforma a transmitir su mensaje a diferentes audiencias.
La labor de promoción de la Plataforma se ha visto acompañada de una amplia producción de actividades de investigación y capacitación. Esto juega un papel estratégico en la difusión del Derecho a la Ciudad y pone de relieve prácticas y casos interesantes, ideas exitosas ya implementadas y resultados concretos que pueden inspirar el trabajo de los gobiernos locales y fortalecer las reivindicaciones de los movimientos sociales.
