La PGDC en el Foro Político de Alto Nivel 2023

Predicar con el ejemplo:
una completa realización de los compromisos de la NAU
para avanzar en un cambio estructural

Al adoptar la Nueva Agenda Urbana, los estados miembro de la ONU se han compometido a “»lograr ciudades y asentamientos humanos en los que todas las personas puedan disfrutar de los mismos derechos y oportunidades».” (NAU, párrafo 12)

Al adoptar la Agenda 2030, los estados miembro de la ONU se han comprometido a “un mundo de respeto universal por los derechos humanos y a la dignidad humana, el estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación; de respeto por la raza, etnicidad y diversidad cultural; y de iguales oportunidades, permitiendo la plena realización del potencial humano y contribuyendo para compartir prosperidad” (Agenda 2030, párrafo 8).

Organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales instamos a ONU-Hábitat y a los países miembros a centrarse en vías de acción y políticas concretas anclados en los compromisos clave de la NAU y Agenda 2030. Para ello, les instamos a:

1. Comprometerse a una implementación acelerada de la Nueva Agenda Urbana, aprovechando el Derecho a la Ciudad como motor para su realización, acordando mecanismos concretos para consagrar sus compromisos hacia la transformación de los modelos de desarrollo urbano y económico, con el compromiso central de proteger la función social y ambiental de los territorios, apoyando iniciativas y programas comunitarios y sociales y solidarios, así como avanzando en la gestión democrática de las ciudades y territorios a través de la participación inclusiva y la toma de decisiones colectivas;
2. Reconocer y apoyar a los gobiernos locales y a las organizaciones de la sociedad civil como actores clave en el seguimiento e implementación de la NAU, partiendo de las iniciativas transformadoras que están impulsando dichos actores, considerando la ciudad como un bien común no lucrativo cuya gestión debe activamente incluir todo el tejido social, promoviendo la participación directa de las personas directamente afectadas por los proyectos y políticas, como en el caso de la propuesta de «Plan de acción global para la transformación de los asentamientos informales y los barrios marginales»;
3. Emprender una evaluación verdaderamente participativa del plan estratégico de ONU-Hábitat, apoyando la participación de la sociedad civil, los gobiernos locales y regionales y otras partes interesadas a través de un Mecanismo de Participación de Partes Interesadas democrático, inclusivo y autoorganizado, en consonancia con las mejores prácticas en todo el sistema de las Naciones Unidas. Esto prevé que ONU Hábitat, los órganos de gobierno y todas las partes interesadas pertinentes impulsen políticas que conduzcan a acciones que apoyen las iniciativas transformadoras lideradas por dichos actores, bajo los principios de descentralización y gestión democrática de los territorios. Esto incluye mejorar el enfoque centrado en las personas haciendo operativos los principios y compromisos de la NAU con un marco integral de seguimiento y evaluación, en claro contraste con la realidad actual de canales limitados de participación en el marco de seguimiento. Estas medidas permitirían una acción concreta hacia la realización de los fines preventivos y correctivos de los derechos humanos en los territorios, teniendo en cuenta los aspectos interseccionales de las desigualdades urbanas y los indicadores de seguimiento desagregados y cualitativos para abordar mejor el desarrollo justo y sostenible de los asentamientos humanos en todo el hábitat humano.

El proceso de Hábitat III reflejó la deliberación de diversos actores para comprometerse colectivamente con acciones que hagan que nuestras ciudades, pueblos, territorios y asentamientos humanos sean más justos, inclusivos, seguros y sostenibles. Surgieron cuestiones clave hacia la adopción de la Nueva Agenda Urbana (NAU), en particular en relación con el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos bajo el paraguas del Derecho a la Ciudad, incluyendo la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de derechos; el combate y prevención de la especulación, el desplazamiento, la falta de vivienda y los desalojos forzosos; la garantía de las funciones sociales y ecológicas de la vivienda, la tierra y la ciudad; la necesidad de descentralizar aún más la toma de decisiones y los procesos de asignación de recursos; el reconocimiento de las ciudades como bienes comunes; y la gestión democrática de las ciudades y los territorios a través de enfoques más participativos e inclusivos, como la producción social del hábitat.