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Todas las protestas tienen en común la toma del espacio público, el cuestionamiento del sistema, la proclamación de que el pueblo tiene que ser líder y protagonista de las decisiones que le afectan directamente.
Artículo de Irene Fuertes Cabrera, Isabel Pascual Díaz y Sophia Neitzert Torres publicado originalmente en El País. (Foto: Reuters)
Argelia, Líbano, Iraq, Francia, Hong Kong, Jartum, Ecuador, Barcelona, Chile, Bolivia… El mundo está presenciando una oleada de protestas levantadas por la misma lucha: reclamar sus derechos.
Todas estas movilizaciones tienen en común la toma del espacio público, el cuestionamiento del sistema, la proclamación de que el pueblo tiene que ser líder y protagonista de las decisiones que le afectan directamente. Las relaciones de poder tal como hasta ahora las concebimos están cambiando. La confluencia de pueblos está escribiendo la historia frente a la fuerte caída de la legitimidad de las instituciones políticas.
Las movilizaciones frente la emergencia climática son un claro ejemplo de la conjunción de estos factores. La ciudadanía se niega a quedarse de brazos cruzados ante un planeta parcialmente agotado. Bajo el claro liderazgo de la juventud y ante la inacción de nuestros gobernantes, se ha abierto un nuevo movimiento que reclama, con manifestaciones esperanzadoras y pacíficas, la acción climática.
En este contexto y con la celebración de la COP25, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales hacen un llamado urgente a los y las delegadas de esta cumbre para que pongan a las personas y el planeta en el centro de las agendas globales. La ciudadanía dice alto y claro que no todo vale, para financiar e implementar políticas consistentes que aborden el desafío del cambio climático global es necesario respetar los Derechos Humanos relativos al Hábitat y adoptar el Derecho a la Ciudad.
Lo que ya está ocurriendo: acciones locales para cambios globales
Es necesaria una acción inmediata, pero las respuestas a esta situación deben contar con la participación y el liderazgo de la sociedad civil.
Otro mundo es posible y ya se ha puesto en marcha. Organizaciones de la sociedad civil como DPU, CIDAP y CENCA llevaron a cabo el proyecto cLIMASinRiesgo, en Lima, para garantizar la participación política en las estrategias y políticas de mitigación y adaptación frente al cambio climático. La construcción de sociedades resistentes al clima comienza con la comprensión y la resolución enérgica de los problemas a los que se enfrentan las comunidades vulnerables, siempre bajo el liderazgo de las propias comunidades. Con este objetivo, cLIMASinRiesgo pone diferentes formas de tecnología en manos de comunidades marginadas para construir mapas colectivos de los riesgos ambientales acumulados, y de las capacidades locales para actuar en los asentamientos informales de la capital peruana.
El cambio climático es resultado de un modelo de producción y consumo que ha aumentado las desigualdades sociales y espaciales, ha puesto en peligro nuestros ecosistemas y ha excluido social y económicamente a muchas personas. Es vital reconocer y apoyar otros conceptos y prácticas de producir, consumir, trabajar, construir y vivir que ya se están llevando a cabo en todo el mundo, como las economías solidarias.
Para el reconocimiento y apoyo a las Economías inclusivas y solidarias, la red global WIEGO puso en marcha el Proyecto de Reducción de Residuos en Ciudades Costeras a través del Reciclaje Inclusivo. Este proyecto reúne a Accra, Buenos Aires y Dakar para mejorar la capacidad de las organizaciones de recicladores para abordar y prevenir la contaminación del océano por residuos, a través de una mejor organización, intercambio de experiencias e integración a los sistemas de reciclaje.
¿Tienen la violencia de género y la discriminación un efecto directo en el acceso de las mujeres a los alimentos? Mujeres de todo el mundo se están organizando para crear nuevas formas de producción y distribución de alimentos y con el fin de darle visibilidad y poder aprender de estas experiencias, la Red Global por el Derecho a la Alimentación y la Nutrición lanza la publicación El poder de las mujeres en las luchas alimentarias. Esta iniciativa también responde a la necesidad de combatir el cambio climático sobre la base de la equidad, brindando protección especial a aquellas y aquellos que se encuentran en situaciones vulnerables.
La función social de la tierra, la ciudad y la propiedad es esencial para garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible de las áreas urbanas y rurales para el beneficio de la sociedad en general. Las comunidades, de manera organizada y como principal protagonista, deben ser capaces de mejorar sus propias viviendas, servicios, espacios públicos y espacios comunitarios, mediante la implementación de sistemas constructivos que utilicen materiales locales y técnicas de construcción tradicionales y sostenibles. Esto debe hacerse para recuperar las identidades culturales, al mismo tiempo que se reducen drásticamente las emisiones de CO2 y el impacto medioambiental global. Esto nos lo recuerdan organizaciones miembro de la Coalición Internacional del Hábitat en América Latina HIC-AL con su Iniciativa por la construcción con materiales locales, donde instan a la visualización de los beneficios del uso de materiales naturales locales y la necesidad de apoyar las iniciativas que los utilizan en lugar de obstruirlos y criminalizarlos.
Por último, como ya se ha resaltado, es fundamental asegurar la participación y la gestión democrática de los bienes comunes y de las estrategias para abordar el cambio climático. Un ejemplo es el grupo comunitario Dajopen Waste Management, creado por habitantes de la ciudad de Kitale, en Kenia, para lograr los medios de subsistencia, limpiar las viviendas locales y el medio ambiente, y mejorar la producción de alimentos y energía mediante el uso y la creación de artículos reciclados y de compost a partir de residuos biodegradables.
Estos son algunos ejemplos que ponen en evidencia que frente al inmovilismo por parte de las autoridades frente al cambio climático, es la sociedad civil la que está desarrollando alternativas y respuestas para proteger el planeta bajo el marco del Derecho a la Ciudad y, al mismo tiempo, construyendo sociedades más justas y democráticas. Sigamos su ejemplo, tomemos la oportunidad de reconstruir las formas en que vivimos, nos organizamos, producimos y consumimos. Y reclamemos lo que nos pertenece, día a día más allá de la COP 25, un planeta sano y políticas que coloquen su cuidado y el de las personas en el centro.
Irene Fuertes Cabrera, Isabel Pascual Díaz y Sophia Neitzert Torres forman parte de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, un movimiento compuesto por organizaciones de la sociedad civil, redes y organizaciones de gobiernos locales, comprometidas con el cambio social que promueven, defienden y cumplen el derecho a la ciudad, y parte de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC) una red global que trabaja en la defensa, promoción y realización de los derechos humanos relacionados con el hábitat tanto en zonas rurales como urbanas.
